En los últimos días, en al menos 22 Estados del país, se han registrado varias protestas y marchas afuera de distintas sedes del Poder Judicial Federal, en donde se han concentrado decenas de trabajadores reclamando el respeto y protección a sus derechos y prestaciones laborales por la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones, el Senado de la República votó por extinguir 13 de los 14 fideicomisos que implican una reducción presupuestal judicial de alrededor de 15 mil millones de pesos.
La reacción de los trabajadores se ha materializado en un movimiento de resistencia consistente en un paro nacional que dio inicio desde el pasado 16 de octubre y que no tiene precedente. Es la suspensión de labores más larga de la que se tenga registro en el Poder Judicial. No obstante, su persistencia parece ser justificada.
Estamos ante una situación en donde el Poder Ejecutivo y Legislativo -ambas bajo el dominio morenista- se han asociado para intervenir directamente en una cuestión que le corresponde administrar exclusivamente al último de los tres poderes, existiendo una intromisión y un ataque, no solo en contra de los derechos laborales de alrededor de 50 mil trabajadores pertenecientes a la función judicial, sino también en contra de la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Ahora, contrario a lo que ha comunicado el titular del Poder Ejecutivo, ni uno solo de los 14 fideicomisos es utilizado para financiar gastos, y mucho menos ‘privilegios’, de los Ministros de la Suprema Corte.
Asimismo, al menos 6 de los fideicomisos son usados para el cumplimiento de obligaciones patronales que constituyen derechos de los trabajadores como: pensión, vivienda, servicios médicos y retiro.
También se afectaron fondos que sirven para el fortalecimiento, modernización y apoyo a la administración e impartición de justicia, así como fondos cuyo objeto es la adquisición, construcción, desarrollo y mantenimiento de inmuebles destinados a la instalación de juzgados y tribunales.
En fin, no debe considerarse que los fideicomisos estén siendo utilizados para fines distintos para los que fueron creados, y a pesar de que miembros el Senado han asegurado que la enmienda no intenta afectar bajo ningún término los derechos laborales, puede inferirse que este proyecto se trata de otro acto de antipatía por parte del Presidente de la República en contra del Poder Judicial.
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