Jose Guati Rojo

En los últimos días, en al menos 22 Estados del país, se han registrado varias protestas y marchas afuera de distintas sedes del Poder Judicial Federal, en donde se han concentrado decenas de trabajadores reclamando el respeto y protección a sus derechos y prestaciones laborales por la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones, el Senado de la República votó por extinguir 13 de los 14 fideicomisos que implican una reducción presupuestal judicial de alrededor de 15 mil millones de pesos.

La reacción de los trabajadores se ha materializado en un movimiento de resistencia consistente en un paro nacional que dio inicio desde el pasado 16 de octubre y que no tiene precedente. Es la suspensión de labores más larga de la que se tenga registro en el Poder Judicial. No obstante, su persistencia parece ser justificada.

Estamos ante una situación en donde el Poder Ejecutivo y Legislativo -ambas bajo el dominio morenista- se han asociado para intervenir directamente en una cuestión que le corresponde administrar exclusivamente al último de los tres poderes, existiendo una intromisión y un ataque, no solo en contra de los derechos laborales de alrededor de 50 mil trabajadores pertenecientes a la función judicial, sino también en contra de la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Ahora, contrario a lo que ha comunicado el titular del Poder Ejecutivo, ni uno solo de los 14 fideicomisos es utilizado para financiar gastos, y mucho menos ‘privilegios’, de los Ministros de la Suprema Corte.

Asimismo, al menos 6 de los fideicomisos son usados para el cumplimiento de obligaciones patronales que constituyen derechos de los trabajadores como: pensión, vivienda, servicios médicos y retiro.

También se afectaron fondos que sirven para el fortalecimiento, modernización y apoyo a la administración e impartición de justicia, así como fondos cuyo objeto es la adquisición, construcción, desarrollo y mantenimiento de inmuebles destinados a la instalación de juzgados y tribunales.

En fin, no debe considerarse que los fideicomisos estén siendo utilizados para fines distintos para los que fueron creados, y a pesar de que miembros el Senado han asegurado que la enmienda no intenta afectar bajo ningún término los derechos laborales, puede inferirse que este proyecto se trata de otro acto de antipatía por parte del Presidente de la República en contra del Poder Judicial.

1.- Implementación. – La implementación efectiva del Código en todo el territorio nacional puede ser un desafío, ya que requiere que los tribunales, jueces, personal judicial y abogados se acoplen a los nuevos procedimientos. De igual manera, dependerá de la asignación y debida aplicación de los recursos públicos que las mencionadas implementaciones requieran.

2.- Capacitación.- Para que el Código funcione de manera adecuada, es necesario que los profesionales del derecho estén debidamente capacitados en su aplicación. Esto puede requerir tiempo, dinero y esfuerzo para generar programas de formación y actualización.

3.- Diversidad Cultural.- México es un país culturalmente diverso, y lo que puede funcionar en una entidad federativa o municipio puede no ser aplicable de la misma manera en otro. El Código debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estas diferencias culturales y regionales.

4.- Acceso a la Tecnología.- El Código privilegia el acceso a la justicia por medio de tecnologías digitales, sin embargo, aún existen barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a la justicia para ciertos sectores sociales, especialmente en comunidades rurales o marginadas. Por lo cual, los estados deberán actuar conjuntamente en sus distintos niveles de gobierno para generar condiciones equitativas a todos los sectores de la población.

En conclusión, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un importante avance en la búsqueda de una justicia más eficiente, expedita y accesible. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de su implementación efectiva y de la cooperación constante entre los diversos actores del sistema de justicia.